La Sentencia Constitucional Plurinacional de Avocación 0001/2022 dispone y exhorta a los diferentes órganos del Estado asumir medidas para proteger a las mujeres en situación de violencia, aplicar la debida diligencia y evitar su revictimización. La disposición exhorta a las universidades encarar acciones contra la violencia hacia las mujeres a través de programas de estudio.
La sentencia dispone que Régimen Penitenciario y la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación implementen un sistema informático que interopere con los sistemas de gestión procesal del Órgano Judicial y el Ministerio Público con el objeto de contar con datos personales de los condenados y su situación jurídica y realizar una supervisión inmediata de beneficios otorgados en ejecución de sentencia, según la nota de prensa del Viceministerio de Comunicación.
Pide a ambas entidades implementar mecanismos de control inmediato y vigilancia alternativos como manillas electrónicas y otros que garanticen una supervisión inmediata cuando los condenados cumplan su condena fuera del recinto penitenciario.
Exhorta a la Asamblea Legislativa Plurinacional actualizar y adecuar la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, Reglamento de Ejecución de Penas y otras disposiciones en materia de ejecución de penas a los parámetros de la Constitución Política del Estado.
Pide actualizar y adecuar la Ley del Órgano Judicial, Ley Orgánica del Ministerio Público, Ley de Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana con la finalidad de incorporar como falta disciplinaria las acciones y omisiones que favorezcan la revictimización.
Al Tribunal Supremo de Justicia que garantice la observancia de la perspectiva de género y la debida diligencia de jueces y otros funcionarios judiciales y a la Sala Penal priorizar los procesos judiciales que involucren feminicidio y violencia de género sin excepción.
A la Escuela de Jueces del Estado actualizar sus contenidos para juzgar y sancionar hechos con perspectiva de género.
Al Consejo de la Magistratura ejerza su facultad de control y fiscalización de los juzgados de ejecución Penal respecto al otorgamiento de beneficios en favor de los condenados con pena privativa de libertad poniendo énfasis en casos de violencia de género y delitos graves.
Exhorta al Ministerio Público aplicar la debida diligencia y la perspectiva de género de acuerdo a los mandatos de la CPE, los pactos y convenios internacionales y adecuar sus reglamentos y normativas para eliminar y prevenir la revictimización de las víctimas de violencia y realizar tareas de capacitación a sus funcionarios.
Al Instituto de Investigaciones Forenses precautelar la integridad y la no revictimización de las víctimas de violencia y a la Escuela de Fiscales evaluar los programas de capacitación de fiscales y personal de apoyo.
A la Policía Boliviana adecuar sus reglamentos y normativas para prevenir y sancionar de forma inmediata y eficaz aquellas acciones y omisiones que favorezcan la revictimización y promover la especialización de sus miembros en materia de género.
A los Colegios Médicos que brinden a sus afiliados lineamientos concretos para la emisión de certificaciones, informes y dictámenes que sustenten una solicitud de detención domiciliaria en ejecución de sentencia.
Al Ministerio de Educación exhorta implementar políticas en todo el sistema educativo para prevenir la violencia hacia las mujeres y al Sistema Universitario Boliviano realizar acciones contra la violencia hacia las mujeres, introduciendo un esquema de transversalización de la perspectiva de género en los planes y programas de estudio.