El Ministerio Público imputó de manera formal al exministro de Educación Víctor Hugo Cárdenas con el pedido de su detención domiciliaria, por una denuncia penal presentada en su contra por la clausura del año escolar en 2020 por decisión del régimen de facto de Jeanine Añez.
El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó que la exautoridad estatal es sindicada por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, y desobediencia a decisiones en proceso de Amparo Constitucional.
“Es un proceso que está ya con la imputación. Él va a tener que asumir su defensa y a partir de eso se culminará con la etapa preparatoria del proceso”, dijo.
La denuncia penal no es nueva y data de hace varios meses, y por ella fue imputado también el exviceministro de Educación Regular Limbert Ayarde.
El titular de Justicia resaltó la decisión del Ministerio Público para comenzar a pedir cuentas a quienes afectaron “de manera tan grosera” el derecho al acceso a la educación de miles de niños y adolescentes hace dos años.
“Creo que esta muestra de la Fiscalía de avance también en este tipo de procesos era necesaria, era importante y esperemos que termine pronto”, añadió.
El Ministerio Público justificó el pedido de detención domiciliaria por el actual estado de salud del imputado.
Sin embargo, Lima dijo que se solicitará la determinación de la responsabilidad penal correspondiente para todos los imputados.
“Vamos a hacer la investigación exhaustiva por estos delitos contra otros partícipes que hubieran sido parte de esa decisión que fue contraria a nuestra niñez, a nuestra juventud y a la situación de la educación en el país”, complementó.

El 2 de agosto de 2020, el ministro de la Presidencia del régimen de facto, Yerko Núñez, anunció la clausura del año escolar bajo el argumento de los efectos de la pandemia del Covid-19 y a la presunta falta de condiciones para llegar con la educación virtual a todo el territorio nacional.
Casi dos semanas después, la Sala Constitucional Primera de La Paz dejó sin efecto la Resolución Ministerial 0050/2020 que determinó la clausura del año escolar por considerar que con ella se vulneraba un derecho constitucional y dio 10 días para la presentación de una política integral que garantice el derecho a la educación.
FUENTE: AHORA EL PUEBLO