Funcionarios y legisladores junto a abogados y miembros del Poder Judicial cuestionaron la asunción de Horacio Rosatti; lo acusaron de perpetrar un “asalto” a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso, al recordar que “la justicia no debe legislar”.
Lo acusaron de perpetrar un “asalto” a las instituciones y lo señalaron como un ataque en particular al Congreso de la Nación, al recordar que “la justicia no debe legislar”.
Uno de los primeros en expresar su repudio fue el ministro de Justicia, Martín Soria, quien advirtió que la Corte Suprema dio un “golpe institucional” con el desembarco de Rosatti al frente del Consejo de la Magistratura, y sostuvo que “no están salvando la República”, sino “protegiendo a los saqueadores de la Argentina y sus cómplices”.
En el mismo sentido se expresó el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, para quien la situación es “absolutamente anormal e ilegal”, porque “no está previsto en la Constitución Nacional que la Corte Suprema emita fallos inconstitucionales” advirtió en declaraciones radiales.
“En términos legislativos, el fallo de la Corte es contra el Congreso, es muy interesante cómo los legisladores aceptan alegremente que otro poder del Estado cercene sus facultades y se las secuestre”, dijo.
La ministra Cristina Álvarez Rodríguez, definió la acción de Rosatti como “un atropello institucional y un avasallamiento al Poder Legislativo” que “pone en peligro el Estado de Derecho”.
Por su parte, Juan Ramos Padilla calificó el hecho como “un golpe de Estado institucional” y afirmó que la Corte Suprema “se está arrogando facultades legislativas al dictar un fallo contrario a la Constitución”.
Sugirió que el Ejecutivo dicte “un decreto de necesidad y urgencia estableciendo un administrador general para el Consejo de la Magistratura
FUENTE: PÁGINA 12